Lic. Miguel
Ángel Camposeco Cadena La técnica
legislativa resulta un concepto omnicomprensivo. Toma conocimientos propios de
la lógica, el derecho, la economía, la información, la lingüística, únicamente
por lo que se refiere a la construcción formal propia de cada norma jurídica. Y
de todas las ciencias técnicas y artes, por lo que se refiere a sus contenidos.
La forma siempre será jurídica –normativa– en tanto que los contenidos
protegidos o regulados por el derecho serán de diversa materia.
En resumen, se
puede afirmar que la técnica legislativa tiene varios aspectos sobre los cuales
operan, destacando entre otros:
a) El estudio
de la estructura y texto de la propia norma.
b) El análisis
de su adecuada inserción en un orden jurídico.
c) La previsión
de las consecuencias derivadas de las relaciones que debe guardar con
los otros sistemas jurídicos existentes dentro del orden jurídico general.
d) La observancia
de los principios básicos del sistema constitucional que fundan la validez
del orden jurídico dentro del cual se integrará la norma, se trate de norma
nueva o de una norma reconstruida, incluyendo la supresión total o parcial de
ordenamientos o de textos normativos vigentes.
e) La
exploración de los posibles resultados derivados de la aplicación de las reglas
que sustentan la validez del conjunto de procedimientos de las asambleas y
de sus órganos facultados para emitir un acto normativo de gobierno, dentro de
un proceso complejo a partir del punto de vista jurídico y plural, y desde la
integración política de un órgano colegiado.
f) Por último,
sin que con ello se agoten los pendientes, vale agregar la necesidad de
introducir la evaluación económica de la creación, modificación, supresión
total o parcial de las normas, con relación a los objetos que tutela o protege,
ya se trate de bienes patrimoniales, derechos de transmisión o apropiación
sobre los mismos, o de bienes o derechos intangibles indispensables para la
seguridad e integridad colectivas.
En
el texto de Fermín Pedro Ubertone
Colmo: “la técnica
legislativa (...) tiene por misión establecer los principios relativos a la
expresada elaboración de los códigos y leyes, desde su preparación y confección
hasta su sanción por los poderes correspondientes” [1]
.
Meehan:
“Ésta [la técnica legislativa], independientemente de la legitimidad e incluso
del valor o mérito intrínseco de los actos legislativos, procura,
esencialmente, que éstos resulten
o configuren una realidad idónea,
es decir lleguen a tener vigencia
o existencia y, siendo aplicables,
resulten eficaces y convenientes” [2]
.
Clavell Borrás: “Bajo esta
denominación de técnica legislativa se reúnen las normas o pautas para elaborar leyes en el sentido más amplio
de la palabra, o sea, con inclusión de las leyes propiamente dichas, los
reglamentos, los decretos, las ordenanzas, las resoluciones generales de los
órganos administrativos, y las demás disposiciones de este mismo carácter” [3]
.
Castells:
“Entonces la técnica legislativa es el
arte y la destreza necesarios para poder dar un producto acabado y
definitivo en materia de legislación” [4] .
Esto lo complementa diciendo en otro lugar “(...) una visión panorámica sobre
lo que ella [la técnica legislativa] constituye, como forma y procedimiento
para organizar y elaborar leyes y decretos.
CURSO DE TÉCNICA LEGISLATIVA Expositora: Dra. María
del Pilar Hernández
La técnica legislativa no
sólo se ocupa de la elaboración de las normas formal y
materialmente
legislativas, sino de aquéllas normas que formalmente pueden ser ejecutivas o
judiciales, pero que materialmente pueden tener un contenido legislativo.
La técnica legislativa la
podemos conceptualizar como la disciplina que tiene por objeto el diseño, la
construcción y –las más de las veces- la restauración de las normas que integran
el ordenamiento jurídico en aras del cumplimiento de su finalidad.
Uno de los grandes
problemas que trata de abatir la técnica legislativa es que la potestad
legislativa no está centrada solamente en el Legislativo, sino que hay otras
entidades que tienen potestad legislativa. Seguridad jurídica
Cuando se reforma una
norma se determina también cuáles son los ordenamientos jurídicos que, por la
relación o el vínculo, en términos de consecuencias jurídicas que tienen con la
norma que se modificó, también son modificados, derogados o abrogados. Eso es
parte de la técnica legislativa.
Un dicho de técnica
legislativa: utilizar un mismo término para expresar un mismo concepto;
utilizar un concepto para denotar un mismo significado. Debe ser un juego
de univocidad: un concepto para un contenido, uno a uno, un término para un
concepto, salvo cuando son conceptos abiertos, pero deben ser determinables.
Principios:
a) De lo general a lo
particular
b) De lo abstracto a lo
concreto.
c) De lo más importante a
lo menos importante
d) De lo normal a lo
excepcional.
e) De lo sustantivo a lo
procesal.
Se debe diseñar el texto
de manera jerárquica y evitando lagunas de contenido
señalando:
a) Objeto y fin.
b) Ámbito de aplicación de
la norma personal y espacial.
c) Deben designarse
definiciones y conceptos:
d) Cuando se trate de
normas de organización y configuración de institucionales, organización y
organismos, intervinientes, en la materia, determinar sus funciones y su
competencia.
e) Normas atributivas de
derechos y obligaciones, deberes y potestades de
prohibiciones y
limitaciones.
f) Infracciones y
sanciones.
g) Disposiciones
procedimentales.
h)
Disposiciones finales
TESIS JURISPRUDENCIALES
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/95/art/art4.htm
Existen diversas
formas de creación jurisprudencial, tradicionalmente se admiten dos, pero
considero que existen tres:
1) La reiteración
2) La resolución
de contradicción de tesis, y
3) La
modificación, como procedimiento especial.
1. La
reiteración
El procedimiento
de creación de jurisprudencia por reiteración se funda en la consideración de
que una continuidad en la forma en que debe resolverse un problema legal
refleja un mayor grado de certeza. La regla general en nuestro sistema jurídico
es la repetición de cinco criterios de interpretación que se integren en cinco
ocasiones con motivo de casos individuales. La parte de la resolución judicial
que conformará la jurisprudencia se refiere a los criterios contenidos en la
parte considerativa de la resolución de casos similares o idénticos, cada una
de dichas resoluciones configura un precedente.
La continuidad a
la que nos referíamos significa la no interrupción por un criterio diverso, que
no necesita ser contrario, pero que se refiera a la misma materia. Esto
confiere una mayor seguridad jurídica, puesto que evidencia una uniformidad en
la interpretación y aplicación de las normas.
La Ley establece diversas reglas para la elaboración de la
jurisprudencia, las cuales varían dependiendo de la conformación del órgano
jurisdiccional, sin embargo, respecto de la votación podemos afirmar que se
trata casi siempre de una mayoría calificada o de unanimidad y cuyo fundamento
es una presunción de mayor acierto. Es importante señalar que si bien los
requisitos de votación están establecidos en la ley, se llevan a cabo dos
votaciones distintas: una para efectos de la resolución del caso (parte
resolutiva) y otra para efectos de jurisprudencia (parte considerativa, en la
cual se encuentran los criterios interpretativos y los argumentos que
justifican la resolución). Lo que tiene que coincidir para efectos de la
formación de jurisprudencia es la parte en que se realiza la interpretación, no
la forma en que se resuelve, pues es de dicha parte de donde se extraerán los
criterios comunes para uniformarlos y crear la jurisprudencia que tendrá
efectos obligatorios a partir de su publicación.
Si la
jurisprudencia es entendida como el significado de una norma, la dinámica del
derecho hace necesario que si éste cambia con el transcurso del tiempo, la
jurisprudencia pueda cambiar aun cuando el texto de la norma no haya sido
modificado.8
Es por ello que existe la figura de la "interrupción" que tiene como
principal efecto dejar sin obligatoriedad a la jurisprudencia, su aplicación a
partir de ese momento es potestativa, pero dicha interrupción debe ser
justificada haciendo referencia a las razones que se tuvieron para establecer
la
2. Contradicción
de tesis
La facultad para
establecer jurisprudencia mediante la resolución de contradicción de tesis
entre salas y tribunales colegiados se encuentra en el artículo 192, tercer
párrafo de la Ley
de Amparo. Dicha disposición es el fundamento de la afirmación de que en este
caso se forma jurisprudencia con una sola tesis, la que resuelve la
contradicción.
Al hablar de
contradicción de tesis, el término contradicción no se utiliza en el sentido
lógico de afirmación y negación simultánea, es cierto que se puede referir a
ella, pero además de una oposición recíproca puede simplemente tratarse de
tesis divergentes en relación con una misma cuestión jurídica.9
Este procedimiento
tiene como objeto depurar el sistema y unificar los criterios de resolución,
además de proveer a la seguridad jurídica confiriendo a los interesados un
grado mayor de certidumbre en la resolución de sus casos.
El principio que
rige en relación con la resolución de la contradicción de tesis es el de
definitividad de las sentencias, en virtud del cual no pueden afectarse las
situaciones creadas conforme a las sentencias dictadas en las resoluciones que
llevaron a la formación de las jurisprudencias controvertidas. Esto se refiere
a cada uno de los casos resueltos en los cinco que permitieron la elaboración
de la jurisprudencia controvertida o de la tesis.
Los requisitos
que señala la Ley
en sus artículos 197 y 197 A
son la denuncia de las tesis o jurisprudencias en las cuales se encuentran los
criterios divergentes, siempre y cuando se refieran a resoluciones definitivas;
deben proceder de diferentes órganos de la misma jerarquía y no puede existir
jurisprudencia de órgano superior en relación con el punto debatido en la
contradicción.
3. La
modificación
En este contexto,
el término modificación significa otra forma de creación de jurisprudencia que
permite al órgano jerárquicamente subordinado solicitar la realización de un
cambio en los criterios de resolución. A esta conclusión llegamos por
aplicación del principio de racionalidad legislativa, ya que si se hizo una
distinción, es porque el legislador pretendía un significado diverso, su
intención no puede ser redundante.
Por las razones
que mencionamos, la modificación en sentido estricto es un procedimiento
distinto que se motiva en función de un caso concreto, en virtud del cual los
magistrados o ministros competentes deben señalar las razones por las cuales
consideran que la jurisprudencia ya no corresponde a la realidad que regula.
Cabe señalar que el hecho de tener la facultad de solicitar la modificación no
implica la obligación del órgano superior de modificar la jurisprudencia ni la
del órgano facultado para solicitar la modificación aún cuando medie petición
de las partes.11
Por otra parte,
la jurisprudencia puede modificarse en función de una rectificación, que no
significa una nueva interpretación sino una corrección de posibles errores,
éstas se publican generalmente en los informes, pero no pueden implicar el
cambio de significado de una norma. Así vemos cómo el término modificación
adquiere otro significado más.
Existe otra forma
de modificar la jurisprudencia mediante adiciones o complementaciones, es
decir, mediante notas que invalidan la publicación anterior, ya sea en el Semanario
o en los informes, asimismo existen tesis aclaratorias o relacionadas, que como
en el caso de la rectificación no producen una alteración del significado de la
norma, sino una corrección.
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